PuntoSafe es una plataforma simple y segura que convierte cada reporte ético en un proceso de incidencias completo. Diseñada para fortalecer la ética de tu organización, reducir riesgos y transformar el compliance en una ventaja proactiva. Con un sistema personalizable acompaña tu gestión de reportes de principio a fin.
En América Latina y España el fraude ocupa promedio tarda 12 meses en detectarse y genera pérdidas de USD 145.000 por caso (ACFE 2024). Las empresas con canal activo lo detectan un 50% antes. Esta calculadora muestra el retorno concreto de implementar PuntoSafe — con datos reales de tu país.
No solo accedés a un software, sino también a la experiencia de un equipo especializado en gestión de denuncias para:
Brindás a tu equipo un espacio confidencial, accesible 24/7, para realizar reportes y dar seguimiento transparente a cada caso.
Acceso multicanal (línea telefónica y online)
Podés gestionar, colaborar y resolver casos de manera efectiva y eficiente, simplificando el trabajo diario con una plataforma personalizable desde un único sistema.
Lo que hace diferente a PuntoSafe:
Ley 27.401 – Responsabilidad Penal Empresaria (2017)
Las empresas que contraten con el Estado deben contar con un programa de integridad y canal de denuncias seguro y anónimo.
Ley 27.580 – Ratificación del Convenio 190 OIT (2020)
Todos los empleadores deben prevenir la violencia y el acoso laboral mediante políticas, formación y canales accesibles.
Resolución OA 100/2018
Guía de integridad para contratistas públicos: incluye canales de denuncia y políticas anticorrupción.
Ley 20.393 – Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (2009)
Obliga a empresas a implementar modelos de prevención de delitos, incluyendo canales confidenciales.
Ley 21.643 – “Ley Karin” (2023)
Todos los empleadores deben contar con protocolos para la prevención y el abordaje del acoso laboral y sexual, así como con canales de denuncia seguros y accesibles.
Ley 21.643 – Ratificación del Convenio 190 OIT (2023)
Refuerza la obligación de prevenir la violencia en el trabajo en el sector público y privado.
Ley 2195 – Transparencia y Ética Empresarial (2022)
Empresas supervisadas deben implementar programas de ética con canales de denuncia.
Circular Externa 100-000016 – SAGRILAFT (2020)
Las sociedades vigiladas deben contar con procedimientos de reporte e investigación de operaciones sospechosas.
Ley 2528 – Ratificación del Convenio 190 OIT (2023)
Establece medidas para prevenir y sancionar la violencia laboral.
Código Orgánico Integral Penal (COIP)
Tipifica delitos como corrupción y acoso, y exige mecanismos de denuncia.
Ratificación del Convenio 190 OIT – Resolución Legislativa (2021)
Obliga a prevenir y reparar situaciones de violencia laboral.
Ley 2/2023 – Protección de Informantes y Lucha contra la Corrupción
Empresas con ≥50 empleados y entidades públicas deben contar con canales internos de denuncia, garantizando anonimato y confidencialidad.
RGPD y LOPDGDD Exigen que los canales de denuncia cumplan con las medidas de seguridad y privacidad, incluyendo designación de un responsable de protección de datos cuando corresponda.
Ley General de Responsabilidades Administrativas (2016)
Obliga a servidores públicos y particulares a denunciar actos de corrupción vía SIDEC.
Ratificación del Convenio 190 OIT – Decreto DOF (2022)
Todos los empleadores deben prevenir la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
Ley 30424 – Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas (2016)
Empresas privadas deben implementar modelos de prevención y canales de denuncia.
Ley 31401 – Ratificación del Convenio 190 OIT (2022)
Obliga a prevenir y reparar situaciones de violencia laboral.
Ley 19.580 – Violencia basada en Género (2017)
Requiere protocolos y canales de denuncia en el ámbito laboral.
Ley 19.749 – Ratificación del Convenio 190 OIT (2019)
Establece la obligación de prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.
